En España, la ciencia se ve como un lujo en cuanto a gasto público se refiere

La estrategia llevada a cabo por el Gobierno en las últimas décadas para el fomento y desarrollo del sistema nacional cientí­fico-técnico parece haber tocado a su fin. Los recortes presupuestarios derivados de la crisis financiera han tenido un efecto directo en el gasto público en I+D, siendo uno de los sectores que más afectada han visto su actividad a raí­z de la reestructuración económica. Emilio Criado, investigador del Instituto de Cerámica y Vidrio (ICV-CSIC) y representante de CCOO en el Consejo Rector del Centro Superior de Investigaciones Cientí­ficas (CSIC), ve €œpreocupante esta disminución del gasto. €œNo hemos llegado a los niveles de inversión europea. Lo lógico serí­a que aquellos paí­ses que están por debajo de la media (1,9% del Producto Interior Bruto -PIB-) aumenten sus ratios para contrarrestar esas diferencias€.
Lo cierto es que, según las tendencias pre-crisis (periodo 2000-2006), España, al igual que los paí­ses emergentes con menor porcentaje en gasto, incrementó su dotación económica para la generación y transferencia de conocimiento, al tiempo que los paí­ses centrales como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia (que aportan el 68% de la inversión europea) mantení­an sus cuotas de participación. Pese a una positiva evolución (el gasto en I+D pasó del 0,€™45%, en 1986; al 1,38%, en 2009), España no consigue alcanzar la convergencia con la Unión Europea en materia de avance cientí­fico y tecnológico, fijada en polí­ticas comunitarias como el Tratado de de Lisboa o la Estrategia Europa 2020, aprobada durante la presidencia española de la UE, que pretende sentar las bases del marco anterior, consolidando a Europa como un espacio integrado de conocimiento, apostando por una mayor coordinación entre los diferentes agentes, polí­ticas y sistemas de educación e investigación. Sin embargo, “existe una falta de compromiso de los Estados miembros con los objetivos europeos y una ausencia de dimensión internacional: no hay una cohesión eficaz entre los programas de cada paí­s».
Otra asignatura pendiente: según los datos del índice de Innovación (SII, en sus siglas en inglés), España se encuentra entre los paí­ses con crecimiento lento dentro del grupo de €œinnovadores moderados. Parte de este estancamiento se debe a la apatí­a del sector privado español que, pese a contar con una creciente dotación económica en forma de créditos reembolsables (recogidos en el capí­tulo 8 de los Presupuestos Generales del Estado –PGD-) y con una polí­tica fiscal muy generosa por parte de la OCDE, no ha incorporado la innovación tecnológica como elemento estratégico de su actuación, aportando actualmente menos de 40% de la inversión en I+D, frente al 60% del total del gasto en I+D de la Administración General del Estado (AGE).
€œLos mecanismos de promoción no han funcionado sino que se ha producido una sustitución de inversiones por ayudas públicas€, subraya Criado, que insiste en la necesidad de potenciar el papel de las empresas en el mantenimiento del sistema de investigación. Si bien en paí­ses como Estados Unidos, Japón, China o Corea se está apostando por la financiación privada con todo lo que ello conlleva, en España, la iniciativa particular “sigue siendo una rémora€. Aunque la cuantí­a de las subvenciones dedicadas al sector no ha hecho sino aumentar hasta 2009, la dificultad de las PYMEs para acceder a las ayudas, la ausencia de capital riesgo y el encarecimiento de los avales, hicieron que entre 2008 y 2010, más del 50% de los créditos que concedió el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) no fueran ejecutados. Para este investigador y representante sindical, estos datos ponen de manifiesto la pertinencia de llevar a cabo una revisión de las polí­ticas y una evaluación de los resultados previstos, en la que se tenga más en cuenta el control financiero de los créditos concedidos. €œEl sector público no puede actuar como motor exclusivo del cambio de modelo de desarrollo€, sentenció.